Una perspectiva psicológica-jurídica da violência de género = Una perspectiva psicológico-jurídica de la violencia de género

Laburpena

Resumen Una perspectiva psicológico-jurídica de la violencia de género El objeto de esta investigación erige es la indagación sobre la severidad punitiva de las decisiones judiciales, tomando como referencia nuclear la violencia contra las mujeres en relaciones de la pareja y los discursos judiciales manifestados en las decisiones pronunciadas por los tribunales. Como ya mencionamos anteriormente, el presente trabajo tiene como objetivos averiguar: (i) ¿cómo absorbe el Aplicador el mensaje dimanado del Legislador, entidad política? Es decir: ¿el Aplicador adopta el racional legislativo o se apropia de él, por ejemplo a través de la memorización de su dimensión legislativa, produciendo otros (o diferentes) enunciados aplicativos? Y, (ii) ¿de verificarse semejante distorsión aplicativa, al existir una severidad menor, el transgresor ya se ha percatado de ese hecho? Es decir: ¿el delincuente doméstico presenta una cierta impunidad? De donde se deduce la cuestión crucial: (iii) ¿podrán los tribunales convertirse en entes susceptibles de contribuir a desculpabilizar el delito de violencia de la pareja? Cual la credibilidad del testimonio de las víctimas? La parte práctica se apoya en una recogida de datos de procedimientos archivados referentes al delito de violencia conyugal y su análisis ius psicológico, utilizando, con ese fin, el instrumento Índice de Severidad Penalizadora y Psicologización (Criminalización Secundaria) ¿ (ISPP-CS) (Poiares, 2009). El Índice de Severidad Penalizadora y Psicologización (Criminalización Secundaria) - ISPP-CS) tiene como objetivo general analizar la severidad penalizadora, así como permite verificar el grado de psicologización del procedimiento judicial, o sea, la utilización de información y conocimiento científico proporcionado por la Psicología Forense y su recepción a la hora de juzgar. En la vertiente severidad, el índice pretende evaluar cuál es el grado de penalización, oscilando entre un grado nulo y un grado elevado, pudiendo aplicarse a cualquier delito, una vez que el estudio se basa en los patrones de la dosimetría penal (= marco de la pena para cada tipo criminal), siendo el resultado expresado en porcentaje. La población comprende todos los elementos que comparten características comunes, definidas por los criterios establecidos para el estudio: procedimientos de violencia conyugal, con nacionalidad portuguesa. Se optó por una muestra del tipo no probabilístico por juicio. Es el tipo de muestra en que los elementos que componen el subgrupo son escogidos en razón de su presencia en un lugar en determinado momento. Este tipo de muestreo es ideal cuando el tamaño de la población es pequeño y en estudios exploratorios (Fortin, 2003). La recogida de datos se realizó en el Partido Judicial de Lisboa, Instancia Local Criminal - 1ª Sección Central de Instrucción Criminal. La muestra está formada por treinta y cinco procedimientos (n= 35), todos en el ámbito de la violencia doméstica (artículo 15), en lo que atañe al cónyuge o ex-cónyuge o personas en una relación análoga a la de los cónyuges. El análisis de resultados al que procedimos nos permite concluir que el déficit de la lucha contra la violencia conyugal se sitúa en dos fases del procedimiento criminalizador: en la primaria, porque las penas aplicadas tienen una dosimetría correspondiente en el requisito de duración para suspensión de la pena (artículo 50 del CP); y en la secundaria, dado que, como se deduce de la investigación empírica, los jueces usan de forma casi perdularia la suspensión de la pena, conjugándose ambos niveles para la transmisión de un mensaje de impunidad que es el principal amigo de la reproducción de los comportamientos violentos. En la vertiente de la violencia en contexto de relación conyugal, con y sin vínculos jurídicos, importa viabilizar medidas de castigo y de ayuda psicológica, que puedan reprogramar el sujeto delincuente - este es el espacio de la criminalización terciaria (donde se consagran la ejecución de la pena y la reinserción); y el tiempo de castigo debe, en este como en las otras expresiones de la criminalidad, coincidir con el tiempo resocializador, dejando bien clara la ilicitud del comportamiento y posibilitando la interiorización de las interdicciones. Uno de los objetivos del instrumento que aplicamos reside en la indagación de la contribución que la Psicología aporta al espacio judiciario: se detectó una incidencia mínima, incluso si consideramos los llamados informes sociales, cuya dimensión psicológica es con frecuencia exigua. Los resultados, aunque meramente indicativos, demuestran una baja severidad punitiva en el ámbito de la violencia conyugal, lo que parece indicar la necesidad de reestructurar el contexto punitivo en delitos de esta naturaleza, tanto en la criminalización primaria como en la secundaria, reclamando un enfoque ius psicológico de esta problemática.