La prueba en los procesos civiles relativos a la reparación de los daños y perjuicios por infracción de la normativa de Defensa de la CompetenciaA propósito de la propuesta de Directiva del 11 de junio de 2013

Resumen

Este estudio gira en torno a la posibilidad de instaurar unas condiciones procesales comunes y uniformes en la Unión Europea, con el objeto de solucionar los obstáculos jurídicos que surgen en los diferentes sistemas procesales de los Estados miembros a la hora de ejercitar acciones de daños y perjuicios por infracción de las normas de Defensa de la Competencia. La aplicación del Derecho de la Competencia ha sido, desde sus inicios, de naturaleza pública, en tanto en cuanto se ha tratado de una cuestión delegada en órganos de naturaleza administrativa y son las Autoridades Nacionales de la Competencia las que especialmente se han encargado de velar por el cumplimiento y la garantía de las normas que configuran el Derecho de la Competencia. En la actualidad, los recientes informes y estudios de la Comisión europea parecen dirigidos al desarrollo e implantación del «private enforcement» como un mecanismo complementario de tutela, a instancia del particular y que se delegará en los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro. En principio, tiene por objeto la salvaguardia de las normas contempladas en los artículos 101 y 102 del TFUE a través del ejercicio de pretensiones declarativas de la nulidad de los actos contrarios a las reglas de defensa de la Competencia y/o la correlativa condena a la indemnización de los daños y perjuicios causados. Ahora bien, es realmente el «private enforcement» un mecanismo eficaz y viable para tutelar los intereses de los particulares? El último instrumento habilitado para reforzar la aplicación judicial del Derecho de la Competencia es la Propuesta de Directiva en materia de reclamaciones de daños y perjuicios por infracción del Derecho de la Competencia publicado el 11 de junio de 2013 además de las enmiendas del Parlamento Europeo presentadas el 17 de Abril de 2014-. Teniendo en cuenta dicha propuesta, el estudio que aquí se presenta se centrará en las condiciones procesales para ejercitar las acciones de reclamación de daños y perjuicios, especialmente, las relativas a la carga de la prueba y el acceso o la exhibición de documentos relevantes.